La desindexación es una norma que impide que el importe de los contratos públicos se actualice conforme aumentan los costes, aunque suban salarios, energía o materiales.
En la práctica, afecta a muchos servicios públicos prestados por empresas privadas —como limpieza, ayuda a domicilio o atención social— y acaba trasladando la presión económica a las plantillas.
La ley de desindexación se aprobó en 2015, en un contexto de austeridad y control del gasto público que hoy ya no responde a la realidad actual. Mantenerla sin cambios provoca recortes indirectos en el empleo y deteriora la calidad de los servicios públicos.
Desde UGT Servicios Públicos exigimos cambios en la ley de desindexación para garantizar empleo digno y servicios de calidad.
